Una cláusula abusiva es aquella que crea un desequilibrio significativo entre sus derechos y los del proveedor, en su perjuicio (art. 15). Esto se aplica cualquiera que sea la forma o el soporte del contrato: formularios de pedido, facturas, certificados de garantía, recibos, condiciones generales preestablecidas, etc. (art. 15).
El carácter abusivo de una cláusula se aprecia en el momento de la celebración del contrato, teniendo en cuenta todas las circunstancias y el conjunto de las cláusulas (art. 16). No obstante, no se refiere al objeto principal del contrato ni a la adecuación del precio, siempre que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible (art. 17).
La ley establece una lista indicativa de ejemplos (art. 18): suprimir su derecho a indemnización en caso de incumplimiento del proveedor, permitir al proveedor modificar unilateralmente las características del producto o el precio, autorizar al proveedor a resolver el contrato a su discreción, u obstaculizar el ejercicio de sus acciones legales (art. 18).
La consecuencia es importante: las cláusulas abusivas son nulas y sin efecto, pero el contrato sigue siendo aplicable en sus demás disposiciones si puede subsistir sin ellas (art. 19). En caso de litigio, corresponde al proveedor probar que una cláusula no es abusiva (art. 17). Estas disposiciones son de orden público (art. 20).
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